Prosperity Zones
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Las Zonas de Prosperidad son regiones dentro de un Estado anfitrión a las que se concede un alto grado de autonomía jurídica, administrativa y económica. En lugar de estar gobernadas por un político con un mandato fijo, las Zonas de Prosperidad están dirigidas por una empresa operativa con ánimo de lucro (un “Operador”). Este Operador proporciona servicios básicos de seguridad interna, judiciales y de infraestructuras, pero por lo demás permite a las empresas y a los residentes de la Zona gestionar sus asuntos libremente.
Las Zonas de Prosperidad se establecen mediante un acuerdo legal con un Estado anfitrión. A través de este acuerdo, el Estado anfitrión conserva la soberanía formal sobre el territorio de la Zona de Prosperidad -incluyendo el control de su política exterior y de defensa- pero le concede autonomía en sus asuntos internos.
Example: Ciudad Morazán, Honduras
Una zona internamente autónoma
Ciudad Morazán es una Zona de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en las afueras de Choloma, Honduras. Aunque, debido a la reciente derogación de la ley de ZEDE, no se pueden crear nuevas ZEDEs hondureñas, el estatus de Morazán permanecerá inalterado durante los próximos 50 años.
Tener el estatus de ZEDE significa que la ciudad goza de cierto grado de autonomía fiscal y normativa. La gestión de la ciudad corre a cargo de una empresa privada, que ofrece servicios municipales directamente o mediante subcontratos. El único impuesto existente es un impuesto sobre la renta del 5% sobre los ingresos. De los impuestos recaudados en Morazán, el 12% se paga al Estado hondureño. Morazán ha adoptado una versión simplificada del Código Civil hondureño, y las futuras leyes y reglamentos menores pueden aplicarse con la aprobación de una entidad gubernamental que supervisa todas las ZEDE.
Una ciudad completa
En práctica, Morazán funciona como una comunidad cerrada: uno de los servicios más fundamentales que presta el Operador de la Ciudad es la seguridad en una zona que, por lo demás, tiene un alto grado de delincuencia. Sin embargo, el proyecto tiene previsto convertirse en una auténtica ciudad con todas las comodidades, servicios y espacios públicos asociados. Cuenta con un plan maestro integral desarrollado teniendo en cuenta el patrimonio hondureño, pero basado en los más altos estándares internacionales.
Morazán se ha diseñado principalmente para atraer a los habitantes que buscan seguridad, estabilidad y certidumbre jurídica, aunque los ciudadanos extranjeros también son bienvenidos. El proyecto se perfila como una ZEDE de cuello azul, dirigida a personas de clase media y trabajadora. Cuando esté totalmente terminada, Morazán tiene previsto albergar a unos 10.000 residentes, aunque se ha diseñado pensando en un posible crecimiento futuro.
Un humilde éxito
La construcción en Morazán está muy avanzada, con las primeras fases ya construidas. A mediados de 2022, hay unas 50 unidades residenciales terminadas, y otras 70 en construcción. La ciudad ya alberga una pequeña comunidad de 32 residentes permanentes y 9 empresas registradas. Aunque, sin tener la culpa, Morazán ha sido objeto de ataques políticos, sigue funcionando y creciendo, en busca de más residentes potenciales para instalarse.
Zonas Económicas Especiales mejoradas
Las Zonas de Prosperidad pueden considerarse la siguiente etapa en la evolución de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). En un mundo en el que ya hay miles de ZEE que ofrecen impuestos y aranceles bajos, las Zonas de Prosperidad permiten introducir sistemas y políticas que les dan una ventaja competitiva. Entre ellas se encuentran:
- Un sistema jurídico independiente (de derecho anglosajón o de otro tipo), arbitraje y cumplimiento de contratos independientes, derechos de propiedad claramente definidos y resolución de conflictos eficaz.
- Políticas económicas liberales. Estas podrían incluir la financiación de los servicios del operador a través de una cuota anual fija (lo que permite reducir o eliminar los impuestos variables), tarifas cero, normas laborales flexibles, regulación ligera y ausencia de licencias obligatorias.
- Estabilidad política, incluida una mayor transparencia y un espíritu de “vivir y dejar vivir”. La relación fija, basada en un contrato, entre los ciudadanos y los operadores haría innecesario el lobby político.
- Administración mejorada. Esta podría incluir una gobernanza empresarial basada en las mejores prácticas del mundo de los negocios, incentivos que impulsen la eficiencia y reduzcan los costes, y responsabilidad por los errores.
Una cooperación en la que todos salen ganando
El objetivo de las Zonas de Prosperidad es crear una asociación entre el Estado anfitrión y el operador de la Zona en la que todos salgan ganando. Ambas partes acuerdan un contrato y un marco jurídico que garantice la autonomía interna de la zona de prosperidad de manera que ambas partes salgan beneficiadas. El contrato exigiría probablemente que el operador de la zona de prosperidad pague una tasa al Estado anfitrión para cubrir los costes de defensa nacional y política exterior. Esta tasa se calcularía como una suma anual fija o como un porcentaje de los ingresos o beneficios del operador.
Las Zonas de Prosperidad deberían aportar beneficios no sólo a quienes viven y trabajan en ellas, sino también a las regiones que las rodean. Estos beneficios ya pueden verse en los “cinturones de riqueza” que se han desarrollado alrededor de ciudades-estado como Mónaco, Macao o Hong Kong. Los habitantes de estos cinturones pagan impuestos en los estados vecinos, pero a menudo se desplazan a la ciudad-estado para comerciar o acceder a oportunidades de trabajo. Es probable que la misma dinámica se produzca en el caso de las zonas de prosperidad.
Además, las Zonas de Prosperidad pueden crearse en áreas previamente subdesarrolladas o deshabitadas, lo que minimiza la probabilidad de conflicto y garantiza que el Estado anfitrión sólo pueda salir ganando con su establecimiento.
Aprender de la historia
¿Por qué creemos que las Zonas de Prosperidad tendrán éxito? La historia nos muestra que las naciones en desarrollo pueden alcanzar la prosperidad en un corto periodo de tiempo cuando adoptan políticas económicas liberales. Singapur es un buen ejemplo. Esta ciudad-estado del sudeste asiático fue capaz de superar el PIB per cápita medio del mundo en los 30 años siguientes a su independencia, y el de Estados Unidos en 50 años. Una dinámica similar se produjo en el Hong Kong de la posguerra.
Las Zonas de Prosperidad también permiten a los Estados que se enfrentan a importantes obstáculos para la reforma probar las políticas a pequeña escala antes de que se extiendan a todo el país. La Gran Liberalización de China, iniciada a finales de la década de 1970, demuestra cómo puede desarrollarse esta dinámica en la práctica. Se crearon siete zonas económicas a lo largo de la costa del país, lo que permitió experimentar con políticas liberales. La relativa prosperidad de ciudades como Shenzhen, Zhuhai y Xiamen en la actualidad – y la posterior adopción de políticas similares en toda China – atestiguan el éxito de este modelo.
Estabilidad jurídica
La implantación de una Zona de Prosperidad requiere un acuerdo contractual entre el operador de la Zona y el Estado anfitrión. En este acuerdo se establecen condiciones precisas que garantizan la seguridad y el entorno jurídico autónomo de la Zona de Prosperidad. Para que los inversores y los colonos confíen en el futuro a largo plazo de la Zona, lo ideal sería que el marco jurídico estuviera respaldado por protecciones constitucionales o garantías codificadas en el derecho internacional.
El Gobierno anfitrión puede decidir conceder a la Zona de Prosperidad:
- Libertad empresarial y comercial, incluida la autonomía en materia de derecho laboral, derecho de la construcción, protección del medio ambiente y regulación monetaria.
- Libertad financiera y social, incluida la facultad de establecer un régimen fiscal, aduanero o social independiente.
- Fuertes derechos de propiedad, incluida la capacidad de gestionar la adquisición de bienes inmuebles y otras propiedades de acuerdo con las normas de la Zona.
- Residencia legal para los habitantes de la Zona, incluido el derecho a entrar y salir libremente de la misma. Podrían establecerse derechos adicionales en un Contrato de Residencia, reconocido por el Estado anfitrión.
- Autogobierno. La justicia, la policía y la administración serían llevadas a cabo únicamente por el Operador de la Zona de Prosperidad y sus organismos designados.
- Derechos humanos. Dentro de la Zona, los residentes gozarían de libertades fundamentales como la libertad de opinión, la libertad de reunión y la igualdad ante la ley.
- Control migratorio, incluida la facultad de expulsar a las personas no deseadas o negarles la entrada, aunque sean ciudadanos del Estado anfitrión.
- Autonomía reconocida, garantizando el estatus de la Zona de Prosperidad durante un largo periodo de tiempo (idealmente 99 años o más), independientemente de los cambios de administración dentro del Estado Anfitrión.
- Protección de los inversores, garantizando la protección de todas las inversiones realizadas en la Zona de Prosperidad.
Para garantizar el éxito de la Zona de Prosperidad, sería conveniente para su operador y para el Estado anfitrión ofrecer el mayor número posible de garantías. Estas garantías son las que distinguen a una Zona de Prosperidad de una Zona Económica Especial. Ayudan a la Zona a asegurar el capital de inversión a largo plazo y a atraer residentes cualificados.
Un punto de inflexión para el desarrollo
Las Zonas de Prosperidad representan una vía práctica para acelerar el desarrollo económico. Permiten poner en marcha nuevas políticas a pequeña escala, de forma que se evitan los retos que supone cambiar un orden político enraizado desde dentro. Mediante la adopción de un marco basado en el libre mercado, pueden mejorar drásticamente el nivel de vida, no sólo de sus propios residentes, sino también de los de su Estado anfitrión.